Uno de los lineamientos del programa Justicia 2020 apunta a dejar de usar papel para los trámites y expedientes judiciales. La iniciativa debe sortear aún varias dificultades para poder verse concretada.
Los edificios de tribunales y juzgados de cualquier parte del país están repletos de toneladas de papeles: allí se encuentran declaraciones de testigos, órdenes de jueces, presentaciones de abogados, en fin, todas las partes que componen un expediente. Ciertamente, considerando la cantidad de casos que se presentan ante la Justicia y los plazos de prescripción, podría parecer un escenario complicado en relación al uso del espacio.
Es por este motivo que, a pesar de las discusiones en torno a la implementación y los plazos para ello, en el mundo de la Justicia no hay dudas sobre la necesidad de avanzar hacia un sistema de expedientes digitales. ¿De qué se trata esto? Como su nombre lo indica, que los poderes judiciales funcionen en torno a un formato digital, computarizado, y no en papel.
Martín Gershanik es asesor de la Subsecretaría de Política Criminal, y explica que a pesar de la coincidencia de opiniones en torno a este tema “es bastante difícil trabajarlo porque partimos de un marco normativo que es la Ley de Expediente Digital, sancionada en 2011, y además el Poder Judicial ya inició tareas en este sentido, así como también lo hicieron los poderes judiciales provinciales con diferentes grados de avance”.
El funcionario manifestó que si bien no es obligación del Ministerio de Justicia implementar el expediente digital, sí es de su interés que se instrumente: “En esta primera etapa se brindará asistencia técnica. Ya se dieron algunas reuniones con integrantes de diferentes poderes judiciales, pero todavía estamos dando los primeros pasos”.
Gershanik también refirió que se dieron encuentros con integrantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS), ya que allí se reúnen experiencias de diferentes provincias que ya trabajan con este tipo de formatos de forma exitosa. Al mismo tiempo, manifestó que el Ministerio utilizará esta información para brindarla a quienes todavía no hayan avanzado tanto en este sentido.
“El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con el legajo digital y en la provincia de Salta cuentan con la firma digital así varios años, y otros casos como el de Neuquén, Río Negro, Chubut, Córdoba y La Pampa entre otras. Nosotros queremos retomar las experiencias que se tienen en este sentido para, desde ese punto de partida, hacer un manual de políticas o de requisitos funcionales para cualquier sistema que implemente un expediente digital, para que haya uniformidad o para ayudar a los poderes judiciales a transitar ese camino, ya que es muy difícil despapelizar la Justicia”, explicó el asesor.
En este sentido, el funcionario reconoció algunas dificultades de cara a su instrumentación: “Es importante que todas las partes que componen un expediente tengan la misma validez a nivel digital que en el soporte de papel, y para cumplir con estos requisitos se necesita de una infraestructura muy costosa por todos los niveles de seguridad”.
Otra dificultad, aseguró Gershanik, tiene que ver con las “entidades certificantes” de todas las partes que componen un expediente digital. Por ejemplo, en la firma digital (una signatura como la utilizada en papel solo que computarizada) interviene más de una parte: colegios de abogados, poderes judiciales.
“Ahora que la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), el organismo encargado de la firma digital, depende del Ministerio de Modernización y no de Jefatura de Gabinete, se están llevando a cabo algunos cambios en su instrumentación; no en la normativa porque ya existe una ley sancionada”, aseguró el funcionario.
El asesor también remarcó que “con la digitalización lo que se busca es mejorar la gestión del Poder Judicial; esto es reducir los tiempos que hay para recibir información sobre la causa, en fin, todo lo relativo al caso. Evitás la circulación de papel, hay transparencia, accesibilidad. Es más fácil gestionar, auditar”.
Fuente: http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/digitalizacion/
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